CEUTA, INVASIÓN Y AUXILIO

 

La invasión de Ceuta por unas 50 mil personas procedentes de Marruecos ha puesto en evidencia la inexistencia de gobierno en España. No es, por desgracia, la primera demostración de desgobierno ante una situación muy grave, pero sí la primera que no motivó la naturaleza sino la acción directa o indirecta de un país vecino, Marruecos, que desde 1956 reclama la ciudad española de Ceuta (y Melilla) como propia. Somos vecinos y como tales hemos de cuidar nuestras relaciones, pero ninguno somos súbdito del otro. Ni lo somos de ningún otro país, poderoso o no.

Quien debiera ser el gobierno (al que pagamos por ello y le cedemos que nos administre) ha declinado cualquier tipo de responsabilidad: ni en su prevención, ni en las consecuencias. Estamos por tanto de acuerdo: no gobierna España.

Si no renuncia formalmente y desaloja de inmediato nuestras propiedades y persiste en seguir cobrando y manejando nuestras rentas y patrimonio, incurrirá inmediatamente en cualquier delito penal que suponga la apropiación de bienes ajenos.

Para mí es indiscutible que quienes cobran y actúan por lo que no hacen, hay que cesarlos y juzgarlos.

Lo que nos sitúa en otro problema. Somos un pueblo de difícil gobierno (debe estar en nuestra sangre). Personalmente opto por gobernarnos a nosotros mismos (democracia), para lo que debemos hacer un importante ejercicio previo que demuestre que somos capaces.

Tengo más que dudas de que el “sistema representativo mediante partidos políticos” en que expreso mi voluntad emitiendo un voto a una “lista de nombres cerrada, en bloque, elaborada por cada partido”, responda a mi concepto de democracia. Es más, me atrevo a asegurar que no me siento representado: es el que venimos usando y, sin duda, no da ninguna opción a que el ciudadano vote a “su” representante (ni siquiera sabe nada de más del 90% de quienes están en las listas), por lo que, naturalmente, no responde ante su votante. Se añade que demostrado está que los participantes en un partido político no son capaces de colaborar con los de distinta formación: ninguno defiende nuestro “interés común”; defienden todos “sus” particulares intereses personales o gremiales. Se añade otro factor no despreciable: los ciudadanos no somos iguales ante la ley, los “políticos” gozan de unas especialísimas prerrogativas (y, recientemente, también sus familiares).

Planteo por tanto tres problemas de compleja o delicada solución:

1- Quienes ostentan hoy el título de gobernantes de España deben cesar de inmediato. Creo que no lo harán voluntariamente. Es más, estoy convencido de que acudirán a todo, bueno, regular y malo para no dejar el poder que les dan nuestros dineros y patrimonio y nuestra representación oficial (“gobierno de España”, ahí es nada).

    Luego, hemos de encontrar aquellas fórmulas jurídicas que permitan echarlos por la fuerza (una de las “grandezas” del Derecho es su “flexibilidad”, que no hace tantos años permitió pasar de un tipo de régimen, al contrario, dentro de la ley) sin quebrantar “nuestro Estado de Derecho”. Juristas nos sobran (titulados e indocumentados) y algunos excelentes.

2- Propongo un sistema realmente democrático, no sometido a los partidos políticos, que permita a cada ciudadano elegir a quien sus entendederas mejor le dirijan y permitan, por tanto, premiarle o cesarle conforme cumpla con su mandato: el ciudadano debe mandar sobre el gobernante, lo contrario es aberrante desde un punto de vista democrático.

3- Nuestras fuerzas de seguridad y ejército tienen la obligación, por ley y por honor, de “repeler la invasión”, como garantes que son de la soberanía nacional. Se concreta en identificar a todos los invasores y “reintegrarlos” al país desde el que nos invadieron:: Marruecos. Claro que, la atención y cuidado de los menores requerirá del esmero, delicadeza y especial consideración que su edad exige, pero, o tienen familia en Marruecos, o el gobierno de ese país deberá de hacerse cargo de las pesquisas necesarias y, en su caso, de la obligada protección.

 

CM

5-8-2026