DIECISIETE ESTADITOS MÁS DOS
En España tenemos una población entorno a 49,5 millones de personas. Con un modelo territorial definido en la Constitución que, para lograr el preciado consenso entre las diferentes fuerzas políticas, se dividió y organizó la Nación en 17 territorios autonómicos más dos ciudades autónomas. Fue el resultado de la exigencia de tres comunidades (absurdamente denominadas “históricas”, pero con idiomas propios), Cataluña, Galicia y Vascongadas.
En 1978, la población española ascendía a 37 millones. Cataluña con 5,8, Galicia con 2,8 y Vascongadas con 2,1 millones, suponían el 29% del total.
Inicialmente se diseñó un modelo de autonomía política sólamente para Cataluña y País Vasco (21,4% de la población española). Pero, a impulso de Clavero Arévalo (Rector de la Universidad de Sevilla y ministro de España), se optó por el “café para todos”, con el fin de buscar la igualdad, que supuso extender la autonomía política a todas las regiones. La población andaluza del momento ascendía a 6,4 millones de habitantes.
Aquella explosión de exaltación de las identidades locales llevó, por ejemplo, a intentar que Segovia fuera una comunidad independiente de Castilla-León (en la que ya había importante controversia por aglutinar las dos antiguas regiones en una sóla comunidad autónoma).
Constituida la Nación como Monarquía Parlamentaria con un sistema de participación ciudadana mediante partidos políticos, éstos se extendieron con entusiasmo por la definitiva organización política, desarrollando Estatutos de Autonomía (constitucioncitas), Parlamentos autonómicos (parlamentitos) y Gobiernos Autonómicos (gobiernitos).
Natural e irremediablemente, cada una de las instituciones primigenias desarrollaron a través de los partidos políticos incontables órganos (organillos), multiplicando alocadamente los puestos (y puestecillos) de poder político que diesen cabida a su deseo de dominio y a sus compromisos.
No he logrado cifras de políticos profesionales en 1978. La cifra en 2025 más repetida asciende a más de 76.000 sin que haya podido encontrar una cifra segura (o hay un absoluto descontrol o un propósito de que la información esté fuera del alcance del ciudadano de a pie). Hay que añadir los asesores y personas de confianza, estimados en más de 20.000 (sindicato CSI-F). Resultaría un total de políticos profesionales superior a 96.000.
Los empleados públicos (incluidos funcionarios) superarían 3,1 millones.
El título octavo, capítulo tercero de nuestra Constitución está referido a las Comunidades Autónomas.
La descentralización del Estado en Comunidades Autónomas se inicia en 1979 (Cataluña y País Vasco) y termina en 1983, de la que resultan 17 Comunidades, a las que en 1995 se añaden las Ciudades Autónomas (2), de Ceuta y Melilla.
El 31 de julio de 1981 el presidente Calvo Sotelo (UCD) y Felipe González (PSOE) firman un acuerdo (que no firmaron los partidos nacionalistas vasco ni catalán) para “frenar la desordenada descentralización” y fijar el “mapa autonómico” mediante la “Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico” (LOAPA) que, rectificada por el Tribunal Constitucional, desembocó en la “Ley del Proceso Autonómico” (15-10-1983), aún vigente.
Eduardo García de Enterría (eximio catedrático de Derecho) dejó escrito en diciembre de 1983: “Hoy puede decirse sin exceso que se trata de una de las construcciones del sistema constitucional que seguramente encuentra un respaldo más firme y efectivo del cuerpo social. …enseguida pudieron hacerse visibles y hacerse tangibles para los gestores y para las poblaciones los beneficios efectivos que sobre los territorios que se les confiaron resultaron del sistema de auto-administración y de gestión propia de los recursos. …los pueblos, los pequeños lugares perdidos y abandonados por todos, se han encontrado de pronto atendidos y servidos”.
Vaya por delante mi respeto a quien fue profesor mío, verdadera eminencia en Derecho Administrativo. Pero lo llovido desde sus palabras escritas en 1983 hasta hoy, me hacen discrepar profundamente de tan entusiasta defensa de nuestro Sistema de Autonomías. Por tres razones:
1-El sistema autonómico no sólo no ha llegado a mejorar a tantos lugares dejados de la mano de Dios, sino que ha supuesto muy generalmente una concurrencia de diversas administraciones, descoordinadas a menudo y enfrentadas con frecuencia. De manera que, lejos de aproximar la gestión pública a los problemas del ciudadano, se convierten en dédalos impenetrables que consiguen hacer complejo lo que evidencia ser sencillo. Mi opinión es que, en tantos casos en que la concurrencia de administraciones y organismos diversos acarrean malestares añadidos al ciudadano, la explicación esté en el enfrentamiento entre administraciones regidas por partidos que fueron pasando de ser competidores a ser hoy enemigos radicales y antepongan sus particulares intereses y enfrentamientos al interés común, al interés del ciudadano, convertido en víctima de una guerra ajena. También genera tal acúmulo de administraciones algo tremendamente pernicioso: la dilución de la responsabilidad que termina por ser inexistente con frecuencia. Entre lo uno y lo otro, una víctima, el ciudadano. Problema enormemente difícil de solucionar o, al menos mejorar, porque todas las organizaciones políticas (de todo signo) tienen su interés centrado en la acumulación de poder y, que yo sepa, no existe freno legal para el crecimiento de las administraciones.
2-Nuestro sistema de Autonomías adolece de dos defectos formidables en la realidad actual: altamente ineficiente y desmesuradamente caro. No creo que tengamos Estado con capacidad de soportar económicamente este modelo.
3-La justificación política inicial buscó superar históricos enfrentamientos regionales. En la realidad, los nacionalismos regionales se han radicalizado hasta incluso identificarse como enemigos de España. Y los gobiernos de la Nación los han alimentado usándolos como arma contra su contrincante-enemigo natural, comportándose como en los peores divorcios en que los protagonistas utilizan a los hijos comunes como armas contra sus antiguas parejas.
Tanto la Constitución como el Estado de las Autonomías requieren del ingrediente imprescindible del consenso, del acuerdo, del bien común. Hoy tal ingrediente desapareció, se desintegró ante la política contraria, la del enfrentamiento, la crispación y el estímulo de enemistad odiosa entre los ciudadanos. Tan ominosa bandera la desempolvó y aireó el socialista Rodriguez Zapatero. Y la está elevando a su máxima expresión el socialista Sánchez Pérez-Castejón que nos anunció que levantaría un muro entre españoles. El tremolar de tal bandera también ha prendido en sus oponentes políticos que parecen abducidos por tan infernal magia.
Si no se produce en los partidos políticos un profundo reciclaje que les permita cumplir con su cometido de trabajar por el bien común, con el espíritu constructivo de pactar, conciliar, consensuar, esos partidos políticos no nos sirven y nuestra Constitución no puede aplicarse. En ello nos va la convivencia, ni más ni menos.
Recuerdo ahora a don Manuel Fraga clamando: ¡Gestión autonómica, pero Administración Única! (después él fue Presidente de la Xunta con el actual sistema cuatro legislaturas)
CM
6-5-2026




























