PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Los últimos presupuestos generales del Estado se aprobaron el 23 de diciembre de 2022 para el ejercicio 2023 por 486 mil millones de euros.
La Constitución establece en el artículo 143-2: “…tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.”
El Gobierno actual no ha presentado al Parlamento su propuesta de Presupuestos Generales para los ejercicios 2024, 2025 ni 2026. Continúa operando (al margen de la ley) con los presupuestos de 2023.
En los PGE se determina:
1-Cómo se recaudan los ingresos (impuestos y tasas).
2-Cuál es el “techo de gasto” total.
3-En qué áreas se invierten los recursos públicos.
Tienen una función esencial de “control y transparencia financiera” que detalla al ciudadano exactamente de dónde procede el dinero y en qué partidas se gasta (evita la corrupción y permite evaluar la deuda pública).
“Después de tres años sin cuentas públicas, ya nadie sabe cómo están las partidas presupuestarias, los programas y sus créditos. No hay control presupuestario ni político del Parlamento. Y, aunque la Intervención General del Estado publica mensualmente los informes de ejecución, la oposición, o no los estudia, o no lo denuncia. Ha tenido que ser el Tribunal de Cuentas quien ha alarmado sobre qué fondos europeos destinados al desarrollo se hayan empleado en el pago de pensiones” (J.R. Pin Arboleda).
La absoluta ausencia de rigor presupuestario, la ilegalidad cometida por el Gobierno por no presentar reiteradamente los PGE para su aprobación y control por el Parlamento, la ineptitud de la oposición parlamentaria para detectar y denunciar lo que ponen de manifiesto los informes de la Intervención General, ofrecen un panorama en el que el Gobierno hace y deshace conforme a los modos y maneras de los regímenes no democráticos.
Ausencia de proceder democrático del Gobierno, más su uso incompetente de los ingresos y gastos públicos, abre de par en par las puertas:
1-A la corrupción política (de la que estamos conociendo los primeros capítulos).
2-La ausencia de un mecanismo y proceder responsables que permitan controlar al gobierno por el Parlamento.
3-La sospecha terrible de que (como al final del mandato de Zapatero), se destape una situación real catastrófica de nuestra economía pública cuando el gobierno actual deje de ocultarla.
Desde luego, todos los síntomas inequívocos de este gobierno corresponden a un desprecio total a los ciudadanos (Sánchez ya manifestó que gobernaría sin el Parlamento, a más que hace mucho tiempo que no se asoma a la calle por su manifiesta animadversión). Por otra parte, sus “meteduras de pata” gobernando como ignorantes absolutos han sido constantes y enormemente dañinas para la sociedad. Y, se ha convertido en una fábrica de corrupción inédita en España y en el resto del mundo occidental libre y civilizado.
Este Sistema no sirve para una convivencia democrática. A la vista está que permite al gobernante actuar a su puro antojo, sin control e incluso en contra de los intereses generales, al tiempo de convertir la vida pública en una gran charca de corrupción.
CM
25-5-2026








