PROBLEMAS REALES Y FALSOS

 

LA VIVIENDA

Artículo 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

 

Nadie (juicioso) discute hoy que la vivienda es uno de los más severos problemas sociales. Se estima que se precisaría del orden de más de 600 mil viviendas nuevas. Jóvenes e inmigrantes son núcleos especialmente necesitados de vivienda a precios asequibles para sus rentas exiguas. La actuación pública es imprescindible y obligada para acometer la solución. En los tres años últimos hemos recibido más de 1 millón de extranjeros (suman 6,5 millones de una población total de 48,6, un 13,4%).

En 1939 se creó el Instituto Nacional de la Vivienda estableciendo un régimen de protección a la vivienda de renta reducida. Y en 1954 se legisló para viviendas de renta mínima y reducida. Entre 1950 y 1975 se construyeron unos cuatro millones de viviendas en régimen social (160 mil por año). Con los limitados recursos financieros y técnicos de la época. Entre 1981 y 2012 se construyeron otros 2,5 millones (la mitad anual que en el periodo anterior), disponiendo de recursos muy superiores. Entre 2013 y 2023 se construyeron menos de 100 mil viviendas protegidas (¡apenas 10 mil al año!). En los últimos cinco años, el precio medio de la vivienda se incrementó un 34% y el salario medio un 15,5%.

En resumen, parece evidente que la construcción de vivienda social depende mucho más de la voluntad política que de los recursos financieros y técnicos. La escandalosa inseguridad jurídica  generada por el gobierno en los años más recientes es un factor añadido formidable para el problema de la vivienda, incumpliendo la defensa de la propiedad recogida en el artículo 33 de nuestra Constitución (asombrosa e imperdonable la posición gubernamental con la “okupación”)

En términos promedio, la construcción de una vivienda social requiere: 12 meses de gestión del suelo y licencias, más 6 meses de tramitación financiera y administrativa, más 12 meses de obra, en total 30 meses.

Aún siendo un profano en la materia, sorprende que nada menos que un 60% del tiempo empleado lo requieran burocracias y gestiones diversas. Me atrevo a asegurar que, de haber voluntad política, podría recortarse notablemente el plazo de realización. En lo que a pura obra corresponde, la reducción del tiempo puede tener un obstáculo con la disponibilidad de especialistas, pero no debería haberlo con el resto de los trabajadores, debido a las sensacionales cifras de parados y de inmigrantes. La gestión de la inmigración es tarea estrictamente política y la del paro pende muy directamente de la gestión política.

En conclusión, a nuestros gobernantes corresponde muy sustancialmente resolver el grave y real problema de la vivienda. Es evidente que no ha estado entre sus prioridades en los últimos veinte años. Ahí tienen un importantísimo asunto en que demostrar que son útiles y eficaces. El trilero que preside el consejo de ministros sólo ha dedicado bufonadas a este tema.

 

Acordarse del jefe del estado que gobernó hasta hace casi 50 años, entretener nuestra atención y nuestros dineros en ¡celebrar! (anticipadamente) su fallecimiento, pareciera una payasada de muy mal gusto si no fuera porque es una irresponsabilidad y burda trampa del que preside el consejo de ministros. En el año 2025, evocar con gran alharaca oficial el fallecimiento de Franco (en 1975) tiene el sólo afán  de distraer, de aturdir, es un problema falso, burda patraña que naturalmente en nada alivia el problema real de la vivienda.

Finalmente quiero recordar aquí que en la isla de La Palma, tras tres años de la catástrofe del volcán, muchas familias que perdieron sus viviendas siguen esperando que se cumplan las promesas gubernamentales realizadas entonces muy reiteradamente por el presidente del gobierno. Otra falsedad con efectos inhumanos. ¿Tendrán un tratamiento distinto los afectados hace dos meses por unas inundaciones épicamente destructivas?

 

CM

8-1-2025