LEGISLACIÓN GOBIERNO SANCHISTA 2023

 

 

Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, Ley de Libertad Sexual o Ley de "Solo sí es sí".

 

 

Se ha producido una profunda quiebra en el gobierno: socialistas-podemitas.

 

El Proyecto reforma el Código Penal para que el consentimiento expreso sea clave al juzgar los delitos sexuales y borra la distinción entre abuso y agresión sexual.

 

Actualmente para que se considere un delito de agresión sexual tiene que existir violencia física, arma o intimidación y el abuso sexual es más un abuso psicológico.  La diferencia fundamental entre ambos delitos está en la presencia o no de violencia o intimidación. 

 

Con la nueva Ley “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

 

La ley del Solo Sí es Sí contempla que la violencia machista no es solo la que se produce en el ámbito de la pareja o ex pareja.

El Código Penal previo a la aprobación de la ley del ‘solo sí es sí’ diferenciaba entre agresión sexual y abuso sexual. En ningún caso había consentimiento por parte de la víctima: la diferencia radicaba en el empleo de la violencia o intimidación. La ley de libertad sexual eliminó esa dualidad, es decir, la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. Esta equiparación implica que la ausencia de consentimiento en una relación sexual será siempre considerada agresión sexual, desapareciendo la figura del delito de abuso sexual. Al cambiar la tipificación de los delitos, cambió el marco penológico, es decir, la horquilla de penas para establecer el número de años de prisión a imponer al autor (o autores) del delito.

Ahora, el PSOE, introduce un párrafo en cada uno de estos artículos para diferenciar entre agresión sexual con violencia y sin violencia (y violación con violencia o sin violencia). Para ello, modifican el marco penológico. 

Sus críticos, sin embargo, creen que vulnera la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Un "agujero legal" en la norma provocó que la aplicación de la misma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a cientos de condenados.

Los 21 magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobaron en 2021 por unanimidad un informe que cuestionaba aspectos claves de la ley. Los jueces consideraron que podría verse en peligro el principio de presunción de inocencia: definir qué es consentimiento -en lugar de qué no lo es- obliga al acusado a demostrar que la víctima le dio el "sí" antes del encuentro.

 

 

 

LA LEY TRANS

Reconoce la autodeterminación de género y deja de considerar enfermas a las personas transexuales.

 

La nueva Ley Trans no contempla ningún tiempo para la reflexión, aunque se establece que la modificación del sexo legal se realizará en dos fases: primero se rellenará un formulario solicitando el cambio y, en un plazo de tres meses, la persona interesada comparecerá para ratificar su decisión.

 

Los menores de 14 y 15 años podrán cambiar de sexo en el registro siempre que acudan acompañados de sus padres o tutores legales. Si no tienen su permiso, intervendrá un juez.

 

Los menores entre 12 y 14  necesitaran autorización judicial.

 

Quienes cambien su género de forma fraudulenta no podrán ser imputados penalmente.

 

Se aprobó la ley el 16-2-2023 conforme a los criterios de LGTBI y en contra de las asociaciones feministas clásicas que alegan que el texto tiene ideas contrarias a los intereses de las mujeres hasta la rectificación registral de la mención relativa al sexo. Uno de los puntos más controvertidos de la ley es el que permite que la información sobre el sexo en el Registro Civil pueda ser cambiada sin necesidad de tratamientos hormonales ni exámenes médicos: Quieren sustituir a las leyes "sexo" por "género", negando la realidad biológica material de ser mujer y ser hombre y convirtiendo el sexismo tradicional en una "identidad", por lo que se reduce ser mujer a un sentimiento o una expresión estética. 

 

Los contrarios a la ley adujeron fundamentalmente la desprotección del menor.

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL ABORTO

 

Garantiza que las intervenciones se lleven a cabo en la sanidad pública.

 

Las mujeres de 16 y 17 años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin contar con el permiso de sus padres.

 

Las menores de 16 años a quienes sus padres nieguen el permiso para abortar podrán pedir que se nombre un defensor judicial para resolver el conflicto.

 

Se eliminan los tres días de reflexión obligatorios y se dejará de entregar el sobre con información a las mujeres que vayan a abortar.

 

Se excluye a los médicos inscritos en el censo de objetores de conciencia de los comités clínicos que analizan si una mujer puede abortar tanto en la sanidad pública como para la privada.

 

Las que interrumpan su embarazo tendrán derecho a un periodo de baja.