CÓMO CONTAMINA LA POLÍTICA

LA EDUCACIÓN Y LA JUSTICIA

 

1-En la EDUCACIÓN:

En tan sólo cinco años (1965-1970) la cifra de estudiantes universitarios se desbordó: de menos de 200 mil a cerca de 300 mil (más de un 55% de incremento).

Para atender tan formidable y rápido crecimiento, se acudió a la creación de la figura del Profesor No Numerario (PNN), o sea, contratado laboralmente por los diversos departamentos universitarios, evitando el proceso de oposición por el que se accedió hasta entonces a la Cátedra.

El colectivo PNN creció exponencialmente en el siguiente decenio y fue dirigido y manejado por los comunistas. En paralelo, el sindicato estudiantil del régimen de Franco (SEU) se fue diluyendo y emergió como dominante el sindicato comunista de estudiantes (FUDE).

Finalmente, con la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (Maravall-Felipe González), la práctica totalidad de los PNN, mediante una simple “prueba de idoneidad” (doctorado y cinco años de práctica), pasaron a ser Numerarios (funcionarios del Estado).

De tal forma, la Universidad pasó de estar “gobernada” por Catedráticos independientes (por oposición), a serlo por los que hoy día han conseguido etiquetarse como “progresistas” (comunistas-socialistas), aunque en realidad se trate de lo contrario.

La concreción más sangrante y chusca de la toma del poder universitario por los políticos ha sido el nombramiento como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense de una persona que ni siquiera realizó estudios universitarios, pero es una sagaz consorte.

Nuestra Universidad Pública está herida de gravedad por la instrumentación que los partidos políticos han hecho de la misma.

El actual gobierno (socialista-populista-nihilista-granuja) no está dispuesto a soltar la presa naturalmente, por lo que fija el tiro en las universidades privadas (beneficiarias del desdoro de las públicas), tratando de embarrar a aquellas en vez de limpiar a éstas.

2- En la JUSTICIA:

El gobierno de Sánchez, de la mano del ministro Bolaños ha emprendido una Renovacion en la regulación de la Administración de Justicia, Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Me esforcé en leer la ley. Pero perecí sin llegar a la mitad, víctima de un “lenguaje inclusivo” que, unido a la reiteración de las frases, puso en evidencia mi absoluta incapacidad para soportarlo: “jueces y juezas, magistrados y magistradas, dedicados y dedicadas al objeto de ser informados o informadas …”

De manera que he acudido a las opiniones de dos de las instituciones que por su prestigio merecen mi mejor consideración, el Tribunal Supremo y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria de las que resalto los aspectos que más llamativos me han parecido:

      No se ha alcanzado el consenso en un asunto de gran importancia y transcendencia.

      No cuenta con el necesario incremento de jueces.

      En las dos formas de acceso a la judicatura, la regulación supone un claro retroceso respecto a los principios de mérito y capacidad pues rebaja las exigencias de acreditación de conocimientos jurídicos en garantía de la excelencia precisa.

      Se sustituye en el turno libre el segundo oral que acreditaba los conocimientos de Derecho Procesal por un dictamen práctico que incrementa la subjetividad en la evaluación.

      En el concurso oposición, al anticipar el dictamen a la baremación de los méritos, excluyendo de la entrevista todo lo relativo a conocimientos jurídicos, se incrementa la subjetividad y no se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad y se rebaja la garantía de excelencia.

      Respecto a los denominados Tribunales de Instancia sólo avanzarán si se dotan financieramente y con criterios claros. Su implantación está siendo desigual en las Comunidades. Para que sea viable el nuevo modelo es preciso: tecnología estable, soporte eficaz y continuidad; dotaciones coherentes con cargas de trabajo; protocolos claros, útiles y aplicables; y financiación adecuada.

      Proyecta la sombra del control politico sobre la justicia.

      El sistema de acceso a la judicatura es anacrónico y degrada la calidad.

      Es una reforma profunda realizada de espaldas a la judicatura.

      Entregar la Instrucción Penal a la Fiscalía sin garantizar su autonomía, pone en peligro el Estado de Derecho.

      Los nuevos Tribunales de Instancia suponen un ninguneo a los jueces.

      La Reforma parece más un intento de concentración de poder que una mejora estructural.

      Reduce los espacios de control y participación ciudadana.

      Frontal oposición a cualquier sistema “excepcional” de acceso a la carrera judicial que pudiera poner en cuestión los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

      Se pretende inyectar en el sistema casi 1000 jueces y fiscales sin oposición.

      El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas.

      Padecemos un gran déficit de jueces (11 cada 100 mil habitantes; en la UE, 17). Ya existen 260 plazas judiciales más que jueces; si se crean más plazas sin aumentar los jueces, las dilaciones seguirán aumentando.

      La falta de Presupuestos Generales imposibilita dotar de los medios económicos necesarios la mejora de la administración de justicia.

 

La parte más irreverente y chusca de este apartado se produjo cuando el Presidente del Gobierno apareció en la televisión informando que “el Fiscal General del Estado es Inocente y habrá que desagraviarle”, al tiempo que se estaba celebrando el juicio sobre el Fiscal por la autoridad democráticamente competente, la Justicia. (El tal Fiscal fue finalmente considerado culpable y condenado por el Tribunal Supremo. Pero el Presidente del Gobierno ya ha anunciado que lo indultará).

 

Julio César, tirano

Uno y otro caso, Educación y Justicia, tienen en común ser víctimas de un asalto de políticos. El anhelo no puede ser más antidemocrático, es simplemente la unificación del poder, la tiranía. El tirano es distinto y superior a los demás, al extremo de ser él quien realmente sabe lo que los demás necesitan porque su inferior y deficiente conocimiento les impide comprender lo que a ellos mismos debe interesar.  

Yo creo que el mal llamado “progresismo” padece la rémora de creerse pertenecer a un estadio superior al humano que le justifica la barbaridad de merecer ser venerado por los demás, y pretender que la igualdad consiste en rebajar o arrebatar a unos para descenderlos al nivel donde están los otros. Es decir, un “progre” se adjudica a sí mismo mayor calidad (sin precisar justificación alguna), y promueve una ajena igualdad con la torpeza, con la gandulería y con el despilfarro. Y, para colmo, tiene la fe absoluta de que, con ello, se alcanza el Paraíso en la Tierra. Discurre exactamente como una religión de talibanes dogmáticos. Los sometidos aceptan su condición y siguen hipnóticamente los mandatos del tirano.

 

Mi pésimo concepto del presidente Sánchez puede confundirme con facilidad. Pero yo creo que carece de la creencia del “progre”, y de cualquier otra. Tan sólo usa aquel emblema que intuye que con mayor facilidad le permite actuar como lo que realmente es: un tirano. Para serlo precisa dos condiciones complementarias: una colosal autoestima y un inmenso desprecio por los demás. El tipo las posee. Y las ejerce con una frialdad y eficacia asombrosas. Como asombroso también me parece que mantenga una “hinchada” fiel, creo que fanática al disfraz que se ha confeccionado bajo la marca PSOE, partido político que éste ha colaborado muy eficientemente a que no sea ni socialista, ni obrero, ni español. Tampoco partido político, pues lo han transformado en una banda criminal de tipo mafioso. La gran tragedia es que aún tiene sometida a España. Y dos muy dolorosas muestras son el asalto tanto a la Educación como a la Justicia.

El corazón de la democracia precisa de dos válvulas vitales, la Educación y la Justicia. El tirano y su banda lo saben y actúan.

 

CM

10-2-2026